Domestic Violence (Law 54) Lawyers in Puerto Rico
Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica de Puerto Rico (Ley 54): órdenes de protección, cargos penales por violencia doméstica y seguridad y defensa de víctimas.
Puerto Rico's Domestic Abuse Prevention and Intervention Act (Law 54): protection orders, criminal domestic-violence charges, and victim safety and advocacy.
Carlos Gabriel Benítez Amaro ejerce en las áreas de derecho de familia y notaría pública con 6 años de experiencia en Loíza, Canóvanas, Carolina, Fajardo, Río Grande, San Juan, Toa Alta, Toa Baja y Trujillo Alto. Carlos Gabriel domina español.
Lcdo. Onix Alberto Cintron Baez LL.M. ejerce en las áreas de litigio civil y notaría pública en Juana Díaz, Patillas, Ponce, Arroyo, Caguas, Guayama, Humacao, Salinas y San Juan. Onix A domina español y inglés.
Lcda. Natalia Cristina Ramírez Ramos ejerce en las áreas de derecho de familia y derecho de condominios en Bayamón, Manatí, Barceloneta, Caguas, Carolina, Cataño, Guaynabo, San Juan y Trujillo Alto. Natalia domina inglés y español.
Mikael Del Valle ejerce en las áreas de lesiones personales y accidentes de auto en Mayagüez, Aguadilla, Añasco, Cabo Rojo, Rincón, Sabana Grande y Aguada. Mikael domina español.
La Ley 54, la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica de 1989, es el principal estatuto de Puerto Rico que protege a las víctimas de violencia doméstica. Define el maltrato, tipifica los delitos relacionados y permite a las víctimas obtener órdenes de protección civiles ante el Tribunal de Primera Instancia.
Puede solicitar una orden de protección ante el Tribunal de Primera Instancia y, en una emergencia, el tribunal puede emitir una orden ex parte temporera el mismo día. La orden puede exigir que el agresor se mantenga alejado de usted, de su hogar y de su lugar de trabajo. Un abogado puede ayudarle a preparar la petición y presentar evidencia en la vista.
La Ley 54 protege a personas que tienen o tuvieron una relación matrimonial, de cohabitación o consensual, incluyendo a quienes comparten un hijo, cuando sufren maltrato físico, emocional, sexual o psicológico. El proceso penal y la orden de protección civil pueden tramitarse al mismo tiempo.
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